La sentencia afea al exalcalde Giner que cambiara las cerraduras del hogar del pensionista, en 2010, sin notificación ni autorización previa

   El ejecutivo de Fernando Giner (PP) procedió "por la vía de hecho", sin respaldo legal ni administrativo, cuando ordenó el cambio de la cerradura del local de los jubilados y la expulsión del mismo del colectivo de pensionistas que lo regentaba, en 2010. La asociación entonces presidida por Vicente Perales -en esa época concejal de la oposición y ahora alcalde de la localidad- fue desalojada sin que hubiera ningún tipo de notificación previa "ni acto administrativo que amparara dicha actuación".

   Así, al menos, lo ha determinado una juez de lo contencioso-administrativo, que ha estimado la demanda presentada por el abogado José Martínez, en representación de la Asociación Democrática y de Progreso, despojada del uso del inmueble y del bar en junio de 2010, después de que el exalcalde Giner emitiera una resolución en la que legitimaba a la UDP, con miembros afines al PP, para el disfrute del local

   La juez Begoña Ortiz atribuye los hechos a los "problemas políticos" existentes entre el colectivo de Perales y el equipo de gobierno, considera probado que la titularidad de la gestión del inmueble correspondía a la Asociación Democrática y Progresista, que "lo viene disfrutando desde 1987 de manera pacífica e ininterrumpida" y declara la "nulidad" del acto de desalojo acometido por el anterior ejecutivo, cuando el alcalde, concejales del equipo de gobierno, el jefe de la policía local y un carpintero "irrumpieron en el inmueble, llevándose la documentación del colectivo y cambiando las cerraduras", según señala en el auto la juez.

   De la sentencia se desprende, además, que la UDP estuvo percibiendo durante 13 meses el importe correspondiente al alquiler del local, sin poseer el derecho a ello. Desde la Asociación Democrática aseguran que no reclamarán dicha cantidad, pero exigen el anterior equipo de gobierno "que pida perdón".