El alcalde recuerda a la UDP que el consistorio de Vallada cedió a la asociación el recinto en 1987

    La Conselleria de Justicia reconoció, en 2007, que el domicilio social correspondiente a la asociación de jubilados de Vallada que ahora preside Vicente Perales es el ubicado en la plaza mayor, nº 1. Se trata del local del que el exalcalde Giner desalojó al colectivo en 2010 alegando que el recinto estaba cedido a la Unión Democrática de Pensionistas (UDPV). Tras manifestar su intención de devolver el hogar a su colectivo, el alcalde Perales revela que fue en 1987 cuando el ayuntamiento lo cedió a la Asociación de Jubilados y Pensionistas, cuya asamblea aprobó en 2006 cambiarse de nombre. Fue un año más tarde cuando el Consell registró su existencia.

    En cambio, tal como recuerda Perales, "la UDP no se constituyó en Vallada hasta abril de 2010", unos meses después de que éste tomara la presidencia del otro colectivo (en enero). Desmiente así las declaraciones efectuadas por los representantes de la UDP, que reivindican el local afirmando que les fue cedido a ellos. Desde la Unión, calificaron de "ilegal" el nombramiento del ahora alcalde por considerar que era incompatible con su cargo, entonces como condejal de AIPV en la corporación municipal.

    "En los estatutos de la asociación no existe tal incopatibilidad", afirma Perales, que recuerda que fue elegido presidente "en una asamblea totalmente democrática y con los votos de 120 socios, frente a lo 9 de la otra candidatura, la de José Pastor, quien no reconoció la votación y pasó a presidir la UDP posteriormente. Ahora, ambos colectivos reivindican el local. El alcalde ha manifestado que "lo justo" es que vuelva a las manos de la asociación que aún preside.

    "Que retiren sus difamaciones"

    La UDP también afirmó en un comunicado que Perales había cambiado el nombre la asociación "para poder cobrar las subvenciones dirigidas a la UDP", algo que éste califica de falso, al hacer hincapié en que la última ayuda que prestó el consistorio a su asociación fue en enero de 2010. Una vez elegido presidente, el colectivo no volvió a cobrar.

    Por último, Perales recuerda que fue el exalcalde Giner "quien se llevó toda la documentación" del colectivo, un hecho que a día de hoy investiga el Tribunal Superior "por un posible delito de coacciones", y que llevó a cabo antes de cambiar la cerradura del local. Así, piden a la UPD que "retire sus difamaciones". En caso contrario, amenazan con "tomar medidas jurídicas legales para pedir las responsabilidades que procedan contra la entidad".